BUSQUEDA | Revista Semanal

Dos personas llegaron a la sede de la Federación Rural, se presentaron como funcionarios de Antel e ingresaron a la sala de reuniones de la organización para reparar unos teléfonos de línea. Era 9 de enero de 1982, las negociaciones entre militares y políticos sobre el recorrido a seguir para restaurar la democracia estaban en pleno proceso.

Micrófono oculto en la sala de sesiones del Consejo Directivo de la Federación Rural, tituló Búsqueda, el 20 de enero, en su edición N° 124. Era la primera noticia de gran impacto desde que la publicación había resuelto meses antes dejar de ser un medio solo de opinión para incorporar como una prioridad de su oferta proporcionar a sus lectores información de calidad.

Informar en una dictadura no era sencillo. El de la Federación Rural “fue uno de los pocos títulos más grandes que dimos nosotros. Y lo dimos con miedo”, recordaría años después el exdirector de Búsqueda Danilo Arbilla en el libro Una historia para ser contada, de Leticia Linn.

La apuesta por dar información, además de opinión, siguió el modelo de los grandes medios de prensa anglosajones de la época, según el cual esas dos áreas pueden coexistir, pero con una clara separación. “De un lado, informar con objetividad: para ello buscar las noticias activamente, y filtrarlas profesionalmente; y reprimir toda tendencia de nuestras preferencias a inmiscuirse en el campo, esencialmente ajeno a ellas, de los hechos. Del otro lado, entregar al lector nuestras opiniones, nuestras creencias, sin retaceos ni dobleces”, escribió la dirección del semanario en un artículo de la época publicado en la edición N° 174.

El camino que comenzaría a inicios de la década de 1980 de apostar por la calidad informativa implicó ejercer una de las funciones más importantes del periodismo, la de “perro guardián” de la democracia. Búsqueda consolidó ese perfil de contrapoder a la par de un sistema que recuperaba las libertades y consolidaba sus instituciones.

La corrupción como prioridad

El tema “corrupción” centra la atención de gobernantes y políticos al inicio del año, titulaba Búsqueda en su primera edición de 1996. El caso que dominaba la agenda en ese momento era la investigación sobre Tabaré Vázquez, entonces jefe del Servicio de Radioterapia del Instituto de Oncología del Ministerio de Salud Pública, por la compra de equipamiento a una clínica a la que estaba vinculado. El entonces presidente Julio María Sanguinetti prometió enfrentar “con firmeza” todas las situaciones que se presenten.

En ese rubro el año estaría movido.

La portada del 11 de julio de 1996 anunciaba que Sanguinetti y Alberto Volonté habían acordado que el “caso Focoex” pasara del “Parlamento al Poder Judicial”. El artículo detallaba las opiniones de los distintos partidos sobre la investigación que se desarrollaba por presuntas comisiones indebidas en compras para Salud Pública hechas por el Estado uruguayo durante el gobierno del expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995). La edición de ese día tenía información sobre el caso en ocho páginas.

El “caso Focoex” era seguido de cerca por los medios, mientras también estaba en la agenda desde antes la investigación judicial sobre la venta del Banco Pan de Azúcar (BPA). Ese episodio terminaría con el procesamiento del expresidente del Banco Central Enrique Braga y el exasesor de Lacalle Herrera, Daniel Cambón. Julio Grenno, expresidente del Banco de Seguros, fue procesado en otra causa.

Cuando esos temas todavía no estaban cerrados, a mediados de 1997 Búsqueda divulgaría un artículo que ponía otra presunta irregularidad en el centro de la agenda. Empresarios de Estados Unidos denunciaron al jefe de la Armada por “cangrejo rojo”, decía uno de los títulos de la tapa del N° 924, publicado el 11 de diciembre de ese año. Habría más información en las siguientes ediciones. El caso que involucraba al hijo del presidente Sanguinetti estaría en la agenda hasta su archivo judicial en 2001.

La llegada del Frente Amplio al gobierno nacional, en 2004, estaría acompañada de investigaciones y auditorías a lo largo del Estado para detectar posibles irregularidades en los gobiernos de los partidos tradicionales. Los delitos de fraude y abuso de funciones llevaron a Cárcel Central a los exdirectores de Obras Sanitarias del Estado (OSE) Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni.

Ambos estaban involucrados en gastos excesivos en viáticos, la construcción irregular de un monumento al caballo y una cancha de fútbol, asignación de publicidad oficial y gastos desorbitados en locomoción, entre otras. También fue a prisión por su actuación en OSE el exintendente de Florida Juan Justo Amaro. Búsqueda hizo un seguimiento de todas esas causas de claro interés público, en ocasiones adelantando la decisión de los fiscales de pedir el procesamiento de los indagados.

Imagen tomada durante la subasta de siete aviones Bombardier de la liquidada aerolínea Pluna. Foto: AFP

El “aval perfecto”

Al mediodía del lunes 1° de octubre de 2012, cuando faltaban tres horas para que se celebrara la subasta de los siete aviones Bombardier de la liquidada aerolínea Pluna, el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, llamó por teléfono al presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, y le pidió “flexibilidad” para la gestión del aval a la empresa que quisiera obtenerlo para participar de la puja.

Esa llamada surtió efecto. En su edición del jueves 4, Búsqueda titularía su tapa: Con el aval del Banco República, la empresa española Cosmo compró siete aviones y ahora negocia con el gobierno y López Mena que sigan operando en Uruguay.

Ese día la portada de El Observador tenía como foto principal un almuerzo que compartieron Lorenzo, Calloia, el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, y el “caballero de la derecha” que había representado a Cosmo en el remate. El Espectador informaría al día siguiente que el misterioso protagonista de la compra de los aviones tenía vínculos estrechos con López Mena.

La información contenida en la nota de Búsqueda generó una investigación judicial de oficio.

Fernando Calloia retirándose del Juzgado. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFotos

El semanario y otros medios siguieron el tema en una competencia sana para obtener más datos sobre el negocio, mientras la Justicia hacía lo suyo. Búsqueda desde el comienzo siguió el tema del aval del BROU. En las dos primeras ediciones de diciembre de ese año, publicó otras dos notas que provocaron la ira de Calloia, que respondió públicamente que los periodistas del semanario tenían “problemas de compresión lectora” y que lo otorgado a Cosmo fue un “aval perfecto”.

En el 2013, Búsqueda publicó más de 15 notas referidas al tema del aval otorgado a Cosmo y a la intención del gobierno de cobrárselo a López Mena. En la cobertura se incluyeron declaraciones de especialistas bancarios, la defensa del Banco República que realizó el abogado y exsecretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, los perjuicios causados al Estado y las reuniones mantenidas en secreto entre Calloia y López Mena. Los medios no tipifican delitos y no tienen la cantidad de herramientas que poseen las autoridades para desarrollar sus investigaciones —levantamiento del secreto bancario, colaboración con otros gobiernos—, pero desde su lugar y con sus propios mecanismos pueden aportar a esclarecer hechos y exponer presuntas irregularidades.

Cinco años después de que Búsqueda informara que el aval lo había dado el banco estatal, la Justicia condenó al expresidente del BROU y absolvió al exministro Lorenzo.

Simpatizante durante el Plenario del Frente Amplio para tratar sanciones a Raúl Sendic tras un fallo del Tribunal de Conducta del partido, setiembre 2017. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

La renuncia de un vicepresidente

Apenas corría el segundo año del gobierno y la posición del vicepresidente Raúl Sendic estaba debilitada después de que El Observador divulgara que el dirigente declaraba tener un título de licenciado en Genética Humana que no poseía. A eso se sumaba que su gestión al frente de Ancap, cuyo directorio había ocupado en dos períodos, era objeto de críticas internas y de una investigación penal. El escándalo que provocó la publicación de Búsqueda sobre el uso que Sendic dio a las tarjetas corporativas de Ancap fue el golpe de gracia.

El 8 de junio del 2017 Búsqueda tituló: Sendic utilizó la tarjeta corporativa de Ancap para comprar en tiendas de ropa, electrónica, supermercados, joyerías y librerías.

Lo que vino después fueron semanas en las que Búsqueda avanzó en su investigación, cerrando el paso a las versiones con imprecisiones que brindaba Sendic como defensa. En su primera salida pública, el entonces vicepresidente declaró que había usado la tarjeta en “situaciones extremas”; al jueves siguiente el semanario informó que algunos gastos ocurrieron “al final de viajes, en escalas y free shops al regreso”. Después de que Sendic cuestionó a los legisladores por usar viáticos y no devolverlos, Búsqueda publicó que durante su tiempo en el directorio de Ancap el líder de la Lista 711 había usado la tarjeta corporativa y también recibió viáticos, los que casi nunca devolvió. 

Uno de los últimos esfuerzos de su equipo antes de que el Plenario Nacional del Frente Amplio tratara el informe de su Tribunal de Conducta Política fue publicar un comunicado en el que aseguraba que no se podía conocer con certeza en dónde se habían usado las tarjetas. Apoyado en resoluciones, planillas de devoluciones de viáticos y estados de cuentas, Búsqueda informó: “El lugar geográfico donde Sendic usó la tarjeta de Ancap se puede precisar, pese a que el vicepresidente dice lo contrario”. 

Con un dictamen adverso del Tribunal de Conducta Política, aprobado por unanimidad, en el que se confirmaba la información divulgada por Búsqueda, y la Justicia y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) investigando el caso, en setiembre del 2017 Sendic se convirtió en el primer vicepresidente de Uruguay en renunciar al cargo.

Años más tarde, la Justicia lo condenaría por el delito de peculado y abuso de funciones. Al igual que en el “caso Pluna”, en la renuncia del vicepresidente los medios jugaron un papel importante de contralor, pero otros actores dedicados al combate a la corrupción también fueron clave para alcanzar ese desenlace. La Jutep, encabezada por Ricardo Gil, tomó el caso de oficio, mientras que la fiscalía especializada en Crimen Organizado sumó los gastos de la tarjeta a una investigación que ya llevaba en curso sobre presuntas irregularidades cometidas en la petrolera estatal.

La investigación de Búsqueda sobre los gastos de Sendic con las tarjetas corporativas de Ancap, que ganó el premio de prensa escrita Marcelo Jelen y una mención en el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación, no sería la única que desarrollaría el semanario durante el último gobierno de Vázquez. Varios otros casos publicados por el semanario tuvieron como eje investigaciones internacionales de relevancia.

German Cardoso en Fiscalía tras su declaracion por la investigacion de presuntas irregularidades durante su gestión en el Ministerio de Turismo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Por la misma senda

Tras 15 años de gobiernos del Frente Amplio, hubo un nuevo cambio de signo político en Uruguay. Y como había sucedido antes, Búsqueda mantuvo su línea.

En el primer año y medio de la administración de Luis Lacalle Pou, cuatro jerarcas debieron renunciar a sus cargos tras publicaciones del semanario: el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Miguel Loinaz, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Gastón Bianchi (quien fue designado pero no llegó ni a asumir), el vocal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Enrique Montagno, y el ministro de Turismo, Germán Cardoso.

El caso de Cardoso, actual diputado colorado por Maldonado, es el más complejo.

El exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, denunció en Búsqueda que el ministro lo había echado porque se negó a firmar la contratación millonaria en pesos de la empresa de publicidad callejera Netcom. Pérez Banchero advertía sobre presuntas irregularidades en las compras de la secretaría de Estado. Después de un mano a mano, el presidente Lacalle Pou respaldó a Cardoso. El apoyo duró una semana. Búsqueda publicó nuevos detalles de las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del dirigente colorado, con datos que el entonces ministro no le había dado al mandatario cuando se reunieron.

Cardoso fue forzado a renunciar el viernes 20 de agosto de ese año. El Parlamento abrió una comisión investigadora y el Frente Amplio decidió denunciar las presuntas irregularidades ante la Fiscalía. Meses después de iniciada la investigación penal, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, decidió abrir dos carpetas paralelas para indagar la responsabilidad de dos personas vinculadas a Cardoso: su adscripto en el ministerio, Daniel Reta, y su asesor “honorario” y amigo, Elbio Rodríguez.

Mientras se desarrollaba el trabajo en el Parlamento y luego en la Fiscalía, Búsqueda difundió semana tras semana información a partir de investigaciones propias. Recurriendo a registros públicos uruguayos y extranjeros, consultando en Vietnam, Estonia y Montevideo, contrastando versiones y hablando con expertos, el semanario logró arrojar más luz sobre las presuntas irregularidades que involucraron a Cardoso, Reta y Rodríguez. De hecho, el fiscal Rodríguez y su equipo decidieron sumar a la carpeta de su investigación uno de los artículos de Búsqueda.