El “impulso” y el “freno” de la agenda de derechos que, con una batería de leyes, puso a Uruguay como país de vanguardia

escribe Macarena Saavedra 
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Tras años de movilizaciones, marchas, reclamos a través de los medios de comunicación y campañas en las redes sociales, las demandas de nueva legislación que incorpore derechos de poblaciones postergadas, encontró eco en la sociedad y en el sistema político. Sucedió principalmente en la última década. La sociedad civil reclamó —y logró— que en pocos años se habilitara el matrimonio entre personas homosexuales, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de violencia hacia las mujeres, la regulación de la marihuana, la ley de cuotas para personas afrodescendientes y la ley integral para personas trans.

Parte del sistema político intentó impedir el avance de algunas normas y la Iglesia Católica se manifestó en contra de varios de ellos. Aún así, el proceso de transformación que se aceleró durante la presidencia de José Mujica ubicó al país en una posición de vanguardia en América Latina y el mundo. Quizás el punto cúlmine de esa imagen que se proyectaba fue la decisión The Economist de elegir a Uruguay como país del año en 2013. La publicación británica indicó que basó la decisión en esas reformas “pioneras” aprobadas —matrimonio igualitario, marihuana y aborto— que “no sólo mejorarían a una nación en particular sino, en caso de ser emuladas, podrían beneficiar a todo el mundo”.

Para Nahia Mauri, primera socióloga trans de Uruguay e integrante del colectivo Ovejas Negras, la denominada agenda de derechos fue la “cristalización” del movimiento de organizaciones sociales de carácter progresista que lograron unificar las luchas de colectivos vulnerados. “El sistema político fue un catalizador. Si no hubiéramos tomado las calles, no se hubieran hecho las leyes”, afirmó.

Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Aborto

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo fue la primera de esa batería de normas que se aprobaron en su mayoría entre 2012 y 2014. La ley 18.987 de octubre de 2012 dejó de penalizar el aborto dentro las primeras doce semanas de gestación y obligó a todos los centros de salud a dar asistencia a las mujeres que tomaran esa decisión. El servicio incluye el apoyo de un equipo interdisciplinario formado por un ginecólogo, un psicólogo y otra persona del área social. Las mujeres son informadas del proceso, sus riesgos y alternativas. Después de un período de reflexión, en caso de optar por un aborto, el procedimiento es coordinado de forma inmediata.

Las cifras oficiales indican que desde 2013 hasta 2021 hubo 85.228 mujeres que abortaron de forma legal. La interrupción voluntaria del embarazo era un reclamo de décadas. Desde los ‘90 los profesionales de la salud advertían sobre los riesgos de los abortos clandestinos y pedían cambios legales que contemplaran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de forma integral. A principios de este siglo, el aborto inseguro era la primera causa de muerte materna en Uruguay, representando uno de cada tres casos.

El camino a la despenalización tuvo —y tiene— férreos opositores. Uno de los más notorios fue la Iglesia Católica, que cuestionó desde sus inicios la normativa por considerarla contraria al derecho a la vida. En consecuencia, anunció que excomulgaría a los legisladores que votaron el proyecto de ley y llegó a pedir que las instituciones sanitarias vinculadas a la Iglesia fueran eximidas de practicar abortos, algo que fue rechazado por el gobierno. El secretario de Estado del Vaticano le transmitió al embajador uruguayo la discrepancia con las leyes aprobadas del aborto, la legalización de la venta de marihuana y el matrimonio igualitario.

Otra piedra en el camino había impedido años antes la despenalización del aborto. En 2008 Tabaré Vázquez usó sus potestades como presidente y vetó una ley aprobada por el Parlamento. El entonces presidente planteó como argumentos que la ciencia había demostrado que la vida empezaba desde la concepción y que en los países donde el aborto era legal la práctica se incrementaba.

Un año después de ser aprobada, el entonces diputado del Partido Nacional Pablo Abdala —actual presidente del INAU— inició una campaña para llevar a referéndum la ley que no logró el apoyo necesario. Sin embargo, la oposición al aborto se continúa manifestando.

Actualmente el Parlamento analiza el proyecto de ley de eutanasia, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. En ese marco, el cardenal Daniel Sturla comparó a mediados de agosto esa iniciativa con la despenalización del aborto y afirmó que “lo que la persona necesita” es “valorar el don de la vida”, en lugar de “crear una mentalidad de muerte”. “Ya se atentó contra la vida humana en su concepción y ahora el tema es atentar contra la vida humana en su muerte natural”, dijo su columna El aporte de la Iglesia, en radio Oriental.

Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Fueron más

Casi veinte años atrás, al entonces arzobispo de Montevideo, Monseñor Nicolás Cotugno, le preguntaron cuál era la posición de la iglesia ante católicos homosexuales. Respondió con una comparación.

“Sería como —es peligrosa la comparación— cuando uno tiene una enfermedad contagiosa, que hay que ponerlo en cuarentena para que no contagie a otro. Pero no se trata de echarlo, de condenarlo, de que se muera. Se trata de aislarlo para curarlo. Y una vez curado, vuelve a la comunidad”, dijo.

El sacerdote sostenía que la homosexualidad era un “desvío” de la “naturaleza humana” que mediante “la fe y el amor” se podía “subsanar, asumir y superar”.

Con opiniones como esa, la Iglesia Católica, de nuevo, estuvo en la vereda de enfrente de las conquistas que fueron logrando las organizaciones sociales en este campo, como la ley de matrimonio igualitario de 2013. Sus reclamos ya tenían un largo recorrido.

El lunes 28 de junio de 1993 se realizó por 18 de julio la primera marcha de hombres y mujeres homosexuales. Eran un centenar de personas, algunas con globos y preservativos inflados, otros con la cara tapada o acompañando por la vereda, intentando evitar la condena social. Mientras marchaban cantaban que cada día serían más. Así fue.

Hoy son decenas de miles de personas las que participan de la marcha de la diversidad reivindicando los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, personas no binarias y pansexuales. Ya no se ocultan. Con orgullo, pintan de colores la principal avenida de la capital, las redes sociales y también el interior del país.

Al pasar raya, Mauri sostuvo que el principal efecto de la ley de matrimonio igualitario fue el “reconocimiento legal” que ayudó a profundizar una transformación social. Igualmente subrayó que hay deficiencias, como “graves inconvenientes” en el registro civil para el reconocimiento de hijos de parejas homosexuales.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Marihuana legal

En 2013 Uruguay hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en regular la producción y el consumo de cannabis, en un intento de abandonar la “guerra contra las drogas” y buscar una alternativa para combatir el narcotráfico.

Dos años antes había dos proyectos de ley en el Parlamento: uno del entonces diputado Luis Lacalle Pou que admitía el cultivo de cannabis en el hogar para uso personal y otro del diputado Sebastián Sabini que tenía el apoyo de legisladores del Frente Amplio y también de representantes del Partido Independiente y del Partido Colorado. En paralelo se conformó un movimiento social, nucleado en una coordinadora, que convocaba marchas y organizaba jornadas académicas sobre marihuana.

Había coincidencia en que el cambio normativo era necesario. También dentro del gobierno. Así fue como el 20 de junio de 2012 en una conferencia de prensa del gabinete de seguridad, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro anunció el avance hacia la regulación del mercado de la marihuana. La decisión formaba parte de un conjunto de propuestas para combatir la inseguridad, que por esos días era uno de los principales dolores de cabeza del gobierno. Así Uruguay se comenzaba a transformar en un experimento para el mundo.

Con la ley aprobada se optó por dejar atrás la política del prohibicionismo y pasar a la reducción de riesgos. El primer paso se dio en 2014 con los autocultivadores y los clubes cannábicos, que empezaron a registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, a través de locales del correo uruguayo. Tres años después, el 19 de julio de 2017, en varias farmacias se formaron largas filas de personas, que no iban a comprar medicamentos, sino marihuana. Así se habilitó la tercera vía de acceso al consumo recreativo y legal.

Según datos oficiales hay 50.190 personas registradas para comprar en las 29 farmacias inscriptas, 14.264 que pueden cultivar en su domicilio y 7.166 socios en los 263 clubes cannábicos. Por otro lado, hay 18 licencias aprobadas para el cultivo de cannabis medicinal, un mercado donde Uruguay es exportador, al igual que en cáñamo industrial.

A pesar de que el apoyo a la regulación de la venta de marihuana se duplicó en diez años y alcanza al 48% de los uruguayos según una encuesta de Cifra publicada en julio de 2022, la normativa mantiene sus detractores. Uno de los partidos que integran la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, propuso a mediados de este año derogar la ley. En la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el senador Guido Manini Ríos dijo que “es evidente que ha aumentado notoriamente la cantidad de fumadores de marihuana en el anca de la legalización”.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el sistema es “mejorable y perfectible”, pero que proponer cambios por el momento no era algo que estuviera analizando. En una entrevista con la BBC realizada en marzo, Lacalle había afirmado que se cometió un “error” al plantear que sea el Estado quien produzca y comercialice la droga. “No voté esa parte de la ley”, declaró al programa Hard Talk.

Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

“El impulso y su freno”

Las leyes que se aprobaron en la última década marcaron, según Mauri, un “cambio importante” en el imaginario social uruguayo, que redujo las situaciones de discriminación y violencia —simbólica y física— que vivían los colectivos implicados. Aunque los reclamos “hicieron eco” en la población y Uruguay se posicionó en la vanguardia del reconocimiento de derechos, la socióloga integrante de Ovejas Negras cree que es tiempo de avanzar hacia la implementación real.

“Mientras tanto no va a haber cambio cultural”, dijo.

Sucede que buena parte de las disposiciones de las leyes aprobadas “quedaron en el papel” y no lograron ser políticas de Estado. Además, en Ovejas Negras perciben “retrocesos” y ven con preocupación a actores públicos que no respaldan las leyes aprobadas, como Cabildo Abierto que se ha manifestado en contra de la “agenda de derechos”, al criticar la ley de marihuana, la ley integral para personas trans, calificar la interrupción voluntaria del embarazo como un “holocausto silencioso” y al poner en cuestión la existencia de una “brecha de género”, en las palabras del senador Guillermo Domenech.

La socióloga Clara Musto, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, dijo a Búsqueda que desde la década de 1990 hasta ahora la sociedad uruguaya vivió un “proceso fuerte” de secularización, en el que bajó la cantidad de personas que se definían como católicas, y que esa tendencia encontró como forma de expresión esta agenda de derechos.

En su opinión, el hecho de que no mediaran “grandes debacles nacionales” para la aprobación de las leyes y cierto silencio posterior, dejan en evidencia que la sociedad no estaba tan en contra de las reformas.

Al mismo tiempo, señaló que estas transformaciones se hicieron “a lo uruguayo”, porque el país “mantuvo su tibieza”, y que otros gobiernos hubiesen “sacado más cartel” y provecho económico, a partir de los cambios. Para resumir lo que sucedió entre la aprobación de las leyes y el escenario actual, recurrió a las palabras de Carlos Real de Azúa al analizar el batllismo: “el impulso y su freno”.

Información Nacional
2022-11-07T19:14:00