El nuevo hogar del cine uruguayo fija sus cimientos
En 2008 la “ley de cine” y la creación del Incau dieron impulso al audiovisual nacional; hoy una agencia diseñará las nuevas políticas del sector
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| Nota publicada el 26 de Marzo de 2009
El sector audiovisual nacional se ha visto especialmente marcado en los tres últimos años. Mientras que en el período 2020-2021 se vio sacudido e impulsado por las restricciones y oportunidades que la crisis sanitaria mundial dejó, el 2022 será recordado por ser un año de una reconfiguración obligatoria de cara al futuro.
El Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual (Incau), creado en 2008 tras la promulgación de la “ley de cine y el audiovisual” N° 18284, cesará en sus funciones y será reemplazado por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU).
El proyecto, incluido en la Ley de Rendición de Cuentas Nº 20.075 y aprobado por la Cámara de Senadores el pasado 6 de octubre, encabeza la modificación de siete artículos de la “ley de cine”. Su articulado es el resultado del diálogo y negociaciones entre miembros de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod) con parlamentarios, y fue precedido por un clima de tensión entre los gremios, sindicatos, organizaciones e instituciones del sector audiovisual y el gobierno.
Con la creación de la ACAU se establece un nuevo capítulo dentro de la sucesión de iniciativas públicas para el fomento de la cinematografía uruguaya, cuyos antecedentes se remontan al año 1994 con la creación del Instituto Nacional del Audiovisual.
Dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Dirección Nacional de Cultura, la ACAU tendrá, entre sus cometidos iniciales, la promoción, coordinación y el desarrollo de planes y programas de apoyo “a las políticas de desarrollo de la industria cinematográfica audiovisual nacional, en el marco de las industrias creativas y culturales”, según lo establece la ley.
También se encuentran entre sus objetivos la implementación del Programa Uruguay Audiovisual (PUA), que pasará a ser administrado y gestionado por la ACAU en lugar de la Agencia Nacional de Desarrollo; la gestión y administración del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, creado por la “ley de cine”, y el fomento de “acciones e iniciativas para el desarrollo de la cultura cinematográfica, tales como la formación de espectadores y el perfeccionamiento de técnicos, profesionales, docentes y gestores culturales, cinematográficos y audiovisuales”.
Lucía Gaviglio, productora y actual presidenta de Asoprod, describió al proceso del articulado iniciado a fines de junio, cuando trascendió la primera versión del proyecto discutido e impulsado entre el MEC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), como “complicado”.
“No es la forma de modificar una institucionalidad como lo terminó siendo, a través de la Rendición de Cuentas”, señaló Gaviglio en diálogo con Búsqueda. “Eso fue lo que generó un quiebre en la interna del sector, donde algunas partes opinaban que frente a esta manera de hacer las cosas tendríamos que oponernos, y otros pensábamos que algo bueno se podía sacar de eso”.
Al referirse al articulado aprobado en la Rendición de Cuentas, Gaviglio calificó al resultado final como “positivo”. En un comunicado de Asoprod, publicado el 10 de octubre, también se mantuvo un mensaje alentador.
“Entendemos positiva la transformación institucional del sector audiovisual”, se escribió desde la asociación, que remarca que se logró que el texto aprobado “se ajuste a las reivindicaciones básicas, intereses y objetivos” de Asoprod y se “revierta el riesgo que presentaba para el sector la versión original”.
La propuesta disparadora en la transición hacia la ACAU fue elaborada por el académico y realizador Facundo Ponce de León, quien se desempeñará como asesor honorario durante el proceso de transición del Incau hasta la designación del presidente del Consejo Directivo de la agencia. Su nombre es el que por ahora se maneja para ejercer ese cargo.
Durante su preparación como posible sucesor de Roberto Blatt, último director del Incau, Ponce de Léon redactó un documento original cuyo texto sufrió alteraciones una vez que quedó primero en manos del MEC y luego del MEF, según lo informó el suplemento Qué Pasa del diario El País. En su reconstrucción del proceso para Búsqueda, Gaviglio calificó a esa versión del articulado como “una vergüenza”.
Entre los cambios originalmente propuestos que Asoprod consideró que “ponían en riesgo la actividad” del sector, se encuentran la derogación de la “ley de cine”; la no garantización de “la existencia ni la financiación del Fondo de Fomento Cinematográfico”; la ausencia de una “definición de ‘obra cinematográfica’ y el proceso creativo que esta conlleva”; y la eliminación de “diversos artículos que implican el compromiso de fomento de la actividad por parte del Estado”.
Finalmente, el articulado votado en Cámara de Senadores sí incluyó la definición de obra cinematográfica bajo el término “actividades cinematográficas y audiovisuales”, en referencia a “aquellas que se expresen en un proceso creativo y productivo de imágenes en movimiento sobre cualquier soporte y de cualquier duración…”.
Además se asignó un presupuesto de $ 40.000.000 para la agencia a partir del ejercicio 2023 y un importe de $ 54.000.000 al Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, que también recurrirá a “las asignaciones presupuestales fijadas por ley, donaciones y legados que lo tengan por destinatario y otros fondos que le sean asignados” para su mantenimiento.
La ley del millón de dólares
Entre otros resultados que desde Asoprod se definen como “satisfactorios” se destaca la no derogación de la “ley de cine”, calificada por la asociación como “pilar del cine y el audiovisual nacional”.
Aprobada el 8 de mayo de 2008, durante el primer gobierno del Frente Amplio, la “ley de cine” es considerada un mojón dentro de las políticas culturales nacionales que buscan la sostenibilidad y continuidad del apoyo estatal al cine y el audiovisual.
La gestación de la ley sufrió un proceso de años, con sus tensiones entre el sector y los gobernantes. “Sin ley de cine el techo del cine uruguayo ya está puesto”, dijo en mayo de 2007 Danilo Iglesias, exdirectivo de Asoprod. La declaración fue documentada por Búsqueda, tras una conferencia brindada por el INA y el MEC, en la que integrantes de Asoprod mostraron su preocupación por la demora en la ejecución del proyecto y reclamaron no ser atendidos por el entonces ministro de Cultura, Jorge Brovetto, al respecto. Diferentes realizadores portaron remeras blancas que, con letras negras, componían la frase de protesta: “Sr. ministro ¿y la ley de cine para cuándo?”.
El proyecto entró al Parlamento el 13 de noviembre de 2007 y se aprobó seis meses después. Durante su gestación fue conocida, según recogió Búsqueda en una nota publicada en marzo de 2009, como “la ley del millón de dólares”, debido al monto ($ 25.000.0000) con el que se dotó inicialmente al Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual para su primera implementación.
El eje central de la ley se articuló en torno a la creación del Incau, en ese entonces creado bajo el nombre Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU). Con un presupuesto propio asignado según una partida fija anual del presupuesto general, el organismo logró diferenciarse de su antecesor, el INA, creado durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
De acuerdo al libro El cine nacional de la década, que reúne el resultado de una investigación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República bajo la coordinación de la socióloga Rosario Radakovich, la ley legitimó al cine uruguayo “como una actividad de relevancia social que amerita una gestión autónoma y particularizada”.
Entre sus objetivos primarios el instituto se propuso “defender la libertad de expresión de la obra cinematográfica y audiovisual en todas sus fases”; “fomentar, incentivar y estimular” la producción, distribución, exhibición y obras y “preservar y contribuir” a la conservación del “patrimonio fílmico”.
Martín Papich, quien fue director del Incau desde 2009 y hasta 2012, y luego entre 2015 y 2020, remarcó el peso que la “ley de cine” tuvo dentro de una nueva configuración de políticas culturales audiovisuales en Uruguay. “El mejor resultado de una política pública es cuando es capaz de modificar, en algún aspecto y para mejor, el desempeño de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, creo que el cine y el audiovisual nacional lo han hecho”, señaló.
Desde 2001 en adelante se han estrenado en Uruguay más de 250 largometrajes de origen nacional, entre ficciones y documentales con una duración superior a 70 minutos, según lo recoge la investigación Un soplo de cine uruguayo elaborada desde la Universidad de Montevideo.
“Hace solamente unos 30 años no se podía decir con la contundencia de hoy que el cine en Uruguay es parte de la cultura nacional. Hoy sí se puede decir que el cine y el audiovisual son parte como lo es el teatro, la música y la danza”, opinó Papich, quien hoy se desempeña como consultor y gestor cultural audiovisual, forma parte de la Mesa Audiovisual de Salto y se encuentra preparando un largometraje documental sobre los 15 años de gobierno del Frente Amplio .
Ante el fin del Incau y el arribo de la nueva agencia, Papich apuntó que existen algunas “señales” que generan un panorama de “incertidumbre”.
“Ojalá que todo esto sirva para una nueva plataforma de relanzamiento. Si uno no garantiza el equilibrio y que la multiplicidad de voces se expresen de alguna forma, se corre el riesgo de caer en procesos donde el vuelco exacerbado hacia un costado de la actividad, como pueden ser los servicios, pueda ir en contra de la generación de propiedad intelectual o cultura”, concluyó el exdirector.
Por su parte, Gaviglio abogó por la búsqueda de un relacionamiento interinstitucional entre el gobierno, Asoprod y otras organizaciones del sector, con el fin de trazar un objetivo similar para que la transición “sea para mejor” y “no implique un retroceso en el sector”. “A priori no visualizo esa amenaza”, señaló.
Diego Fernández, director, productor e integrante de Directoras, Directores y Guionistas del Uruguay (DGU) —organización creada a fines de 2021 que recientemente firmó un acuerdo institucional con la Asociación General de Autores del Uruguay para la gestión del licenciamiento, recaudación y distribución de los derechos de sus integrantes— explicó que ve “posibilidades” con la llegada de la agencia. “El hecho de que nosotros existamos como asociación nos hace una voz más para tener en cuenta. Si hablamos de guionistas y directores, la balanza ha estado por el lado de una visión industrial. Más que los elementos bajo los que se propusieron hacer el cambio, a nosotros nos preocupa generar propiedades intelectuales nacionales”.
La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay deberá estar conformada en el plazo máximo de seis meses.
Ponce de León emitió el pasado 25 de octubre una carta dirigida al sector audiovisual a la que accedió Búsqueda. En ella, señala que junto a la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, se reunieron con los empleados del Incau y conversaron sobre “las trayectorias personales, las instituciones y las políticas públicas”. Entre los ejes delineados bajo la nueva política pública, el académico destacó “repensar la producción y la internacionalización del cine nacional”; “articular la formación y la productividad”; “subrayar los encuentros entre lo artístico y lo comercial”; “generar un observatorio que brinde nuevos insumos”; “construir creativamente nuevas oportunidades” y “plantear posibles escenarios de articulación financiera”.
Ponce de Léon manifiesta en su carta confianza y entusiasmo: “Más allá de las incertidumbres que conllevan siempre los procesos de cambio, puedo asegurar que la agencia será un espacio hospitalario para todo el sector y su posibilidad de crear, crecer y proyectarse”.
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