BUSQUEDA | Revista Semanal

“La lucha contra el terrorismo se empieza a dar de una manera un poco desordenada. No hubo una decisión formal de volcarse hacia la guerra sucia. Nadie lo quiso, resultó algo que fue surgiendo. Había que conseguir información rápido, porque eso era vital. La información tenía que salir al minuto porque de ella podía depender la vida de un camarada. Se les capturaba, se les sometía a interrogatorios, se les sacaba información y se les enviaba a la cárcel”.

En 1991 Hugo Medina concedió una entrevista a Búsqueda y, con sorpresiva franqueza, admitió conductas cometidas por las Fuerzas Armadas durante la dictadura que nunca se habían escuchado de boca de un militar. Medina, que alcanzó el grado de general en pleno gobierno de facto (1979), estaba entonces retirado luego de haber sido ministro de Defensa Nacional en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990). Era un momento donde los jerarcas militares perdían lentamente la autoridad que tuvieron desde 1973 a 1985. Todavía, sin embargo, faltaban años para los escraches ciudadanos, el recorrido por los juzgados, las acusaciones de fiscales por crímenes de lesa humanidad, las fugas, los pedidos de extradición y los encarcelamientos.

Los comienzos de la década del 90 marcaban el inicio de cierta reflexión castrense, de una mirada hacia el pasado que a regañadientes aceptaba algunos errores, pero que defendía con total convencimiento el accionar en el gobierno. Medina reflejó esa postura cuando se sentó durante tres horas para charlar con el periodista César di Candia y formular argumentos como este: “Usted me dice que las Fuerzas Armadas torturaron y mataron a equis cantidad de gente y yo le pregunto por cuánto tendrían que haber multiplicado esa equis si no hubieran querido entregar el poder. Hubiera sido tremendamente nefasto para el país”.

Sobre el final del diálogo, Medina sería el primer militar en reconocer, on the record, que había ordenado torturas.

—Terminamos, general. Me decía que no estaba arrepentido de nada. Ahora le pregunto si por lo menos en la etapa en que su actuación incidió sobre los destinos del país, no cometió errores.

—Indudablemente debo haber cometido muchos. Y el proceso también debe haber incurrido en errores, pero el interés superior que lo guio lo absuelve de esas equivocaciones. No es el caso mío, que fui solo un integrante del proceso y no me siento amparado por esas inmunidades. Como ser humano, me reconozco pasible de varios errores. Lo que pasa es que no los puedo cuantificar.

—¿Apremiar fue un error?

—No.

—¿Usted alguna vez dio orden de apremiar a un prisionero?

—Di.

Los hechos son los hechos

1972 fue el año de nacimiento de Búsqueda, apenas meses antes del comienzo de la dictadura. En la primera mitad del gobierno de facto, el semanario se enfocó en la opinión, sobre todo de la gestión económica del gobierno, fiel al espíritu con el que había sido creada por sus fundadores.

Con la decisión de Búsqueda, adoptada en 1982, de incrementar el peso de su contenido informativo, el control del gobierno militar sobre el semanario aumentó, con medidas de censura que se volvieron habituales. Una entrevista de enero de 1983 al proscrito Jorge Batlle implicó la clausura de cinco ediciones y la detención del líder colorado, que en sus declaraciones había cuestionado el sistema de votación. “Yo creo que la legislación electoral vigente en Uruguay se basa en realidades políticas, sociales y culturales totalmente superadas”, planteó.

La detención de estudiantes que habían participado en una manifestación, la denuncia de Serpaj de que jóvenes comunistas eran torturados en dependencias militares y la preocupación de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Uruguay fueron otros titulares de Búsqueda que contribuyeron a profundizar el recelo militar al semanario.

En marzo de 1984 el semanario publicó la primera de cuatro entregas de un informe especial sobre los uruguayos desaparecidos en Argentina. “El tema es particularmente espinoso, pero ello de ningún modo puede constituir un obstáculo para encarar una investigación de los hechos que sin duda más han conmovido a la opinión pública rioplatense y de todo el mundo. Cada día se hace más urgente poner en claro, sacar a la luz, todo lo que ocurrió en estos últimos años en ese campo”, decía la primera entrega.

El artículo revelaba detalles del secuestro y asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini y cómo habían sido sus últimos minutos de vida. “Una hora después de concretarse el secuestro de Gutiérrez Ruiz, entre 10 y 15 hombres amenazan al conserje del Hotel Liberty y lo obligan a suministrar la llave de la habitación 75. El funcionario les exige identificación, ante lo que, mostrándole una metralla, uno de ellos responde: ‘Si no te alcanza con esto…’ Ingresan de inmediato a la habitación que ocupa Michelini, quien duerme en compañía de dos de sus hijos. ‘¡Zelmar, te venimos a buscar, ha llegado tu hora!’”, gritan.

El informe especial generó, entre otras reacciones oficiales, una llamada a la redacción del entonces ministro del Interior, Julio César Rapela. “Los hechos son los hechos”, respondió Búsqueda días después en su editorial.

Jorge Batlle reunido con la Comisión para la paz. Foto: Presidencia

Pilchas por el camino

El cierre de la dictadura en 1985 no significó el fin de la influencia militar en la sociedad. En el primer año del nuevo gobierno democrático, como comandante en jefe del Ejército, Hugo Medina mantuvo un rol fundamental en impulsar la ley de caducidad a los delitos cometidos por militares en la dictadura. Cinco años después admitió a Búsqueda que si la ley no se votaba, las Fuerzas Armadas iban a activarse.

“Si el golpe no lo daba yo, si no asumía yo la responsabilidad, iba a asumirla el que estaba atrás y si no era ese, era el otro”, dijo. La posibilidad de volver al gobierno con las armas siguió latente durante una década entre las jerarquías militares, atentas a que su situación judicial permaneciera invariable incluso en gobiernos sin aspavientos como los de Luis Alberto Lacalle (1990-1994) y el segundo de Sanguinetti (1995-1999). Los nervios se acrecentaron a partir del 2000 con la presidencia de Jorge Batlle y su intención de avanzar mediante una Comisión para la Paz en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en la dictadura.

“A la mayoría de los militares nos importa un pito cómo viene la mano. Porque, a la larga o a la corta, vamos a tener que pelear de vuelta. Ya la cosa está pasando de claro a oscuro. Ya hemos dejado muchas pilchas del apero por el camino. Está la enseñanza entregada, están todos los gremios en manos del enemigo, así que esto es caótico y hay muy poco para hablar. No ha cambiado nada la postura desde hace 15 años”, se despachó el general Manuel Fernández, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, en abril de ese año entrevistado por Búsqueda. Batlle lo destituyó días después.

En el reportaje, Fernández apeló a conceptos y a un lenguaje frecuente hasta hoy en algunos retirados militares que sostienen que su encarcelamiento no está relacionado con crímenes de lesa humanidad, sino a una persecución de gran parte del sistema político, principalmente de la izquierda, con términos repetidos como comunismo, marxismo y leninismo. “Estoy convencido de que esto tiene una finalidad demagógica, ideológica y política. Aparte de buscar una sanción judicial contra mi persona, esto tiene una finalidad mucho más profunda, sobre todo dirigida a la gente joven de nuestro país, en todos los sectores”, afirmó a Búsqueda en el 2007 el dictador Gregorio Álvarez.

Con 81 años de edad, el teniente general retirado, quien presidió el régimen de facto de 1981 a 1985, había concurrido a la Justicia por denuncias que lo involucraban en violaciones a los derechos humanos. El primer gobierno del Frente Amplio (2005-2009) había impulsado las causas contra militares por delitos cometidos en la dictadura. También empujó la búsqueda de detenidos desaparecidos a través de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz —actualmente la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente—. Comenzaron a descubrirse archivos, a recabarse testimonios y a realizarse en batallones del Ejército las primeras excavaciones en busca de víctimas. Entre 1971 y 1985 fueron 197 los detenidos desaparecidos en los que el Estado uruguayo tuvo responsabilidad, según datos oficiales. Hasta ahora en el país fueron identificados los restos de seis: Ricardo Blanco, Eduardo Bleier, Julio Castro, Ubagésner Chaves Sosa, Roberto Gomensoro y Fernando Miranda.

En el Batallón 13 de Infantería se hallaron restos de desaparecidos. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Los hallazgos eran enterramientos primarios, lo que para algunos cuestionaba una vez más la existencia de la llamada Operación Zanahoria, que habría sido realizada al final de la dictadura por orden superior para desenterrar los cuerpos, incinerarlos y tirarlos al mar. Pero además, la aparición de los restos de Castro, un maestro y periodista que no tenía vínculos con grupos armados, tuvo un impacto particular.

En el caso de Castro cambiaba de manera radical la versión que existía acerca de su muerte, ya que la Comisión para la Paz había informado a la familia que se debió a un fallo cardíaco. No obstante, el veterano periodista había sido asesinado de un disparo en la nuca mientras estaba detenido en una dependencia militar en agosto de 1977.

En la etapa más dura del Plan Cóndor, que involucró principalmente a fuerzas militares argentinas, chilenas y uruguayas, la coordinación para perseguir a la disidencia tuvo un impacto particular en Uruguay. “Aunque las víctimas procedían de todos los países sudamericanos, las uruguayas constituyeron el grupo más numeroso por nacionalidad, un 48% del total”, concluye en su libro Los juicios del Cóndor, publicado en octubre, la investigadora de la Universidad de Oxford Francesca Lessa.

Álvarez fue citado a declarar ante el juez penal Luis Charles en calidad de indagado, por la causa del denominado segundo vuelo que transportó detenidos uruguayos desde Buenos Aires hacia Montevideo en 1976. Para él, las razones eran claras: “Hay que desacreditar a la gente antigua que actuó en su momento, para captar a la gente joven. Esto es ideológico, político y demagógico. Es para que tengan vergüenza de los viejos. Eso es lo que se busca”.

Jueces, fiscales, tribunales de apelaciones y miembros de la Suprema Corte, en cambio, consideraron en sus fallos y dictámenes que en su caso y el de otros se estaba haciendo justicia.

Gerardo Fregossi durante el acto homenaje a los cuatro soldados que asesinados por el MLN en 1972. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Cumplimiento de sus funciones

Entre militares, policías y civiles, actualmente hay en Uruguay 45 personas detenidas por crímenes relacionados con la dictadura. 19 están encarcelados en la prisión de Domingo Arena, cuatro condenados por la Justicia. En la sede de Guardia Republicana hay otros cinco detenidos, dos sin condena. En prisión domiciliaria son 21, nueve con condena. Además, desde 2006 fueron liberadas nueve personas y otras 24 murieron tras las rejas. El total de quienes han estado presos desde esa fecha es de 78, entre ellos los presidentes de facto Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry (1973-1976), el excanciller Juan Carlos Blanco (1973-1976) y represores como Miguel Dalmao, Eduardo Ferro, José Gavazzo, Jorge Gundelzoph, Armando Méndez, Jorge Silveira, Jorge Tróccoli y Gilberto Vázquez. El último procesado con prisión fue el coronel retirado Dardo Barrios, en agosto de este año.

Del clima de confianza de los 90 y de velada amenaza de la década del 2000, los integrantes en ejercicio de las Fuerzas Armadas pasaron a un proceso más revisionista de lo sucedido en la dictadura, que se plasma en el actual comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi. En cuanto a los retirados y encarcelados, reciben actualmente más demostraciones públicas de apoyo desde sectores políticos y de la población. Según Gregorio Álvarez, esta afinidad siempre existió en parte de la sociedad. “Las opiniones son encontradas. Yo no entiendo que la mayoría de los uruguayos la haya descalificado”, había afirmado en 2007 consultado sobre el repudio generalizado a la actuación militar.

La aparición de Cabildo Abierto en el 2019 trajo una impronta castrense al sistema político bajo el liderazgo del senador Guido Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército entre 2015 y 2019. El novel partido contó con el 11% de los votos en las elecciones del 2014 y tiene 14 legisladores y dos ministros de Estado. Su plataforma política incluye defender los intereses de las Fuerzas Armadas y de sus antiguos integrantes, lo que se evidencia con un proyecto de ley sobre prisión domiciliaria para mayores de 65 años que Cabildo Abierto presentó en 2021. Procura que el régimen domiciliario no dependa del criterio del juez, sino que sea automático a todos los mayores de 65 años y excepcional a los crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos luego del 2006.

El proyecto cuenta con la aprobación de Familiares de Prisioneros Políticos, una organización civil que surgió el año pasado para liberar a los militares presos. “Denunciamos la gravísima situación que están padeciendo ciudadanos uruguayos en Uruguay privados de libertad en forma ilegítima y arbitraria a consecuencia de denuncias por hechos acaecidos durante los años 70 y 80”, afirma la organización en su documento de creación. Familiares de Prisioneros Políticos reclamará la libertad de los militares ante las Naciones Unidas por considerar que se vulneraron los principios de irretroactividad de la ley penal, de inocencia, de la cosa juzgada y de la prescripción.

Guido Manini Ríos y el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Foto: Presidencia

Aunque no están emparentados, Cabildo Abierto y Familiares de Prisioneros Políticos sí representan un nuevo movimiento en defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas. Enfrentan el “relato oficial” sobre lo que sucedió en esos años y creen que hay una mirada contraria a las Fuerzas Armadas desde los partidos políticos. El grupo de familiares, por ejemplo, fue muy crítico del ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien opinó que “Uruguay es una democracia plena” donde no hay presos políticos.

Con muchos represores ya fallecidos, hoy los militares presos son el último símbolo del cruel poder que gobernó Uruguay de 1973 a 1985. Una población penitenciaria que mantiene el discurso histórico de defensa a la intervención en el gobierno y de escaso aporte a la búsqueda de detenidos desaparecidos. De entre 69 y 90 años de edad, la mayoría se encuentran recluidos en Domingo Arena, una cárcel ubicada en el barrio de Piedras Blancas que construyó el primer gobierno del Frente Amplio en el 2006 con el objetivo específico de alojarlos. Es una unidad de rehabilitación pequeña, con habitaciones individuales que disponen de libros y radio. También hay una huerta y talleres.

“La interacción entre los internos es poca y el clima del lugar es muy tranquilo, pasando los internos buena parte del día en su habitación. Hay espacios comunes amplios y bien equipados y también hay espacios al aire libre. Siendo el contexto de convivencia positivo, aporta un espacio apto para la reflexión”, es el análisis sobre el lugar que en 2020 hizo el Comisionado Parlamentario Penitenciario. Una cotidianidad de camaradería, calma y seguridad, al menos en contraposición con el resto de las caóticas prisiones del país y especialmente con el exregimiento de Caballería del Ejército que funcionó allí durante la dictadura, donde vagones de ferrocarril habían sido especialmente instalados para realizar torturas.